Rosario - "La decisión del juez me devolvió un hijo", expresa con la voz quebrada Roxana Martins, la mamá de Maximiliano Ferraro, un joven de 19 años que volvió a vivir gracias a una cirugía de epilepsia.

La operación logró frenar las crisis y las más de 200 convulsiones que llegaba a padecer en un día. Pero concretar la cirugía no fue fácil, ya que la familia tuvo que interponer un recurso de amparo ante la Justicia para obligar a la obra social a cubrir los gastos.

Maximiliano tiene ojos verdes, una amplia sonrisa y salió hace 26 días del quirófano tras una intervención única en su tipo en Latinoamérica.

Nació como un niño más. Era el segundo hijo del joven matrimonio Ferraro. "Una noche -recuerda Roxana al diario La Capital de Rosario- estábamos cenando y de pronto empezó a convulsionar". Con sólo 11 meses, Maximiliano sufría la primera convulsión.

Rápidamente los padres lo llevaron a una clínica, donde quedó internado y al hacer los primeros estudios se descubrió el diagnóstico.

La familia vivió ocho años probando diferentes esquemas medicamentosos para frenar las convulsiones que sufría Maximiliano, hasta que el médico tratante, Daniel Rosso, derivó el caso al hospital pediátrico Juan P. Garrahan.

Allí, el jefe de cirugía de epilepsia, Hugo Pomata, realizó la intervención que convirtió a Maximiliano en el primer niño rosarino operado de ese mal.

A partir de ese día pudo jugar a la pelota, descansar y hacer actividades con normalidad. Al parecer, la enfermedad estaba dominada.

Pero cuando tenía 17 años la enfermedad volvió a manifestarse, aunque más acentuada. "Se ponía agresivo, tiraba las cosas y rompía lo que tenía a mano", relata la tía. "Después pedía perdón y se sentía culpable", agrega.

Fue así que Rosso explicó a los familiares que había reaparecido la enfermedad en otro sector del cerebro. "Ya no podía descansar y llegó a convulsionar un día hasta 200 veces", recuerda afligida Roxana.

El caso llevó a que los tres hermanos, Ezequiel (21), Fernando (13) y Milagros (7), plantearan a sus padres la posibilidad de internar a Maximiliano.

"La posibilidad de una nueva operación nos atemorizaba, pero a la vez era la única opción para Maxi", cuenta su madre. Antes, había que hacer estudios específicos y allí comenzaron los conflictos con la obra social Unión Personal Civil de la Nación y la gerenciadora OMI.

La obra social se negó a reconocer los estudios previos y la cirugía, ante lo cual la familia Ferraro decidió presentar un recurso de amparo en la Justicia. "El 4 de agosto el juez, que me devolvió un hijo sin quererlo: decidió que la obra social debía cubrir la operación", afirma la madre.

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